Un juzgado del Guaviare dispuso este sábado que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el Ejército se abstengan de bombardear objetivos de grupos armados en esa zona cuando exista información sobre la presencia de menores de edad, en una decisión que aumenta la presión institucional sobre la actuación oficial.
La medida se produjo una semana después de que el Instituto de Medicina Legal informara que tres menores murieron en una operación militar contra un grupo de las disidencias de las FARC en zona rural de El Retorno. Pese a que el Gobierno defendió la legalidad de esa acción, la determinación judicial vuelve a contrastar esa versión con el costo humano del operativo.
El juzgado tercero penal del circuito de San José del Guaviare resolvió la acción de tutela presentada por Roxemhberg Rozo Sánchez para amparar los derechos fundamentales de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado en el departamento. Como medida provisional, ordenó al Ministerio de Defensa, al Ejército, a la Fuerza Aérea y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informar en 48 horas qué medidas, protocolos y mecanismos aplican o reforzarán para identificar la presencia de niños en zonas objeto de operaciones militares.
También solicitó verificar la información de inteligencia sobre su eventual reclutamiento o utilización, valorar los riesgos para la población civil antes de operaciones aéreas y asegurar un enfoque diferencial, con protección reforzada de la niñez, en la planeación y ejecución de esas acciones. El 27 de agosto, tres de los diez cuerpos recuperados tras el bombardeo en El Retorno correspondían a menores de edad: dos de 15 años y uno de 16, según confirmó Medicina Legal.