Los dueños y operadores de bancas de lotería que no quedaron dentro del Plan de Regularización obtuvieron un plazo extraordinario de 30 días, hasta el 15 de noviembre, para presentar una declaración voluntaria ante la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), de acuerdo con la Resolución 02-2026. Con esta medida, vuelve a concentrarse la atención en un problema que sigue sin cerrarse y que ahora combina control administrativo y efectos tributarios bajo la órbita de Hacienda.
La DGJA aclaró que esa declaración no implica legalización automática ni autorización para operar, y reiteró que las bancas que continúen funcionando de forma irregular podrán ser clausuradas y sancionadas. También recordó que sigue prohibida la apertura de nuevas bancas, agencias y puntos de venta, así como la instalación de máquinas de lotería en lugares no permitidos por la ley. La información recopilada durante el plan fue enviada a la DGII para fines tributarios, en un escenario que refuerza la presión fiscal y exige mayor vigilancia sobre la manera en que se corrige un desorden que afecta a ciudadanos y al control del Estado.
Para los casos que aún están pendientes, la institución informó la creación de una Mesa Técnica de Análisis y Conciliación, con participación de Fenabanca y otras organizaciones del sector, para revisar expedientes e informaciones todavía sin resolver. Los interesados podrán realizar la declaración en las oficinas de la DGJA, en el Centro de los Héroes, Distrito Nacional, o mediante la página web de la Lotería Nacional. El episodio vuelve a poner de relieve la distancia entre los anuncios de orden y la necesidad de resultados verificables, en medio del desgaste de gestión que obliga a exigir rendición de cuentas sobre fiscalización, impuestos y cumplimiento efectivo de la ley.