El Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2027 fue entregado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional el 23 de septiembre con una advertencia clara sobre las finanzas públicas: de cada RD$100 que el Estado prevé recaudar por medio de la DGII, RD$84.3 ya estarían destinados al pago de intereses de la deuda y a las asignaciones para educación y salud. Ese dato oficial, por sí solo, deja poco margen para otras prioridades, entre ellas las soluciones habitacionales.
Rafael Jovine, director de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero de la Digepres, expuso esa alerta durante el Seminario Vivienda y Hábitat, realizado el 30 de octubre en el hotel Catalonia. Allí señaló que el peso del servicio de la deuda, sumado a las restricciones fiscales, reduce la capacidad del Estado para ampliar las intervenciones en materia de vivienda. Añadió que, entre 2021 y 2025, los renglones de vivienda y servicios comunitarios representaron en promedio el 6.7 % del gasto social, frente al 4.9 % del período previo.
El funcionario también detalló que el gasto devengado en esa función pasó de RD$9,678 millones en 2014 a cerca de RD$45,349 millones en 2025. Aclaró, sin embargo, que esa partida no se limita a programas habitacionales o vivienda social, sino que incluye además agua potable, urbanización y desarrollo comunitario.
Con ese panorama, el debate presupuestario en el Congreso queda marcado por una presión de fondo: cómo rendir cuentas sobre un presupuesto cada vez más comprometido mientras siguen presentes necesidades básicas que compiten por recursos limitados.