Tres meses de prisión preventiva es lo que pidió el Ministerio Público contra Henry Tomás Castillo Peña, de 57 años, y Brailyn López Del Rosario, de 20, a quienes atribuye presunto proxenetismo agravado, lavado de activos y delitos de alta tecnología. La medida coloca otra vez bajo revisión la capacidad de las autoridades para detectar a tiempo estructuras que, de acuerdo con la investigación, explotaban sexualmente a adultos y presuntos menores de edad en un inmueble del sector San Carlos, en el Distrito Nacional.
El expediente, depositado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, indica que ambos imputados usaban redes sociales para difundir imágenes pornográficas y ofrecer servicios sexuales de las víctimas. Los cobros se hacían mediante cuentas bancarias y dinero en efectivo.
Las pesquisas están a cargo de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) y de la Fiscalía del Distrito Nacional, y ubican las operaciones en un edificio de la calle Emilio Prud’Homme. El proceso avanza con el respaldo de organismos nacionales y de Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos.
La investigación se activó después de que autoridades de HSI y la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo remitieran documentos y elementos por medio del mecanismo MLAT. Además, el 13 de noviembre de 2025 agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), adscritos a HSI, intervinieron a Castillo Peña cuando llegaba a Nueva York por el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.
Más allá de la solicitud de coerción, el caso deja un contraste incómodo entre el discurso institucional y la persistencia de delitos graves que requieren cooperación externa para ser desarticulados. En ese escenario, vuelve a quedar sobre la mesa la exigencia de rendición de cuentas sobre prevención, supervisión y resultados.