A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Perú, un juez de Lima abrió juicio contra Roberto Sánchez, aspirante a la Presidencia, por presuntos delitos de falsedad documental y ocultamiento de aportes financieros de Juntos Por el Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La medida judicial irrumpe en el tramo decisivo de la campaña y vuelve a situar bajo revisión la transparencia con que las organizaciones políticas informan el origen y la gestión de sus recursos.
La Fiscalía pide cinco años y cuatro meses de prisión para Sánchez. Según la acusación, el candidato habría consignado información falsa sobre el estado financiero y los movimientos de caja de su partido en reportes enviados a la ONPE en enero y julio de 2019, en los que no se registraron aportes económicos de origen privado que, de acuerdo con la investigación, sí ingresaron a las arcas de la organización.
El Ministerio Público afirma que la omisión no obedeció a un error administrativo, sino a una acción deliberada para esconder el verdadero origen y monto de los recursos utilizados en ese periodo. El requerimiento penal, presentado en enero de 2026 por la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, también solicita la inhabilitación definitiva de Sánchez para ejercer cargos de dirección partidaria, lo que implicaría su salida formal de la presidencia de Juntos Por el Perú. El caso instala una alerta institucional en plena campaña y refuerza la presión por una fiscalización efectiva sobre el financiamiento electoral.