La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental de Estados Unidos destruyó este lunes una embarcación señalada como una estación flotante de reabastecimiento de combustible que supuestamente apoyaba operaciones narcotraficantes de Los Choneros. Con este caso, ya son cinco los barcos ecuatorianos interceptados y hundidos en el Pacífico Oriental desde el 28 de agosto, en acciones informadas por el Comando Sur en coordinación con el Gobierno del presidente Daniel Noboa.
Pero el resultado operativo convive con un flanco abierto de rendición de cuentas. Los tripulantes de las embarcaciones han negado su vinculación con organizaciones narcotraficantes, y el pasado sábado un juez dejó en libertad a 28 pescadores detenidos en dos de los operativos realizados por EE.UU. el miércoles y jueves. Según el abogado Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la Fiscalía no pudo probar la existencia de sospechas del cometimiento de algún delito.
Ese mismo sábado, el Comando Sur y el Ministerio de Defensa ecuatoriano informaron del hundimiento del barco María Candelaria y del traslado de sus 26 tripulantes a Manta. Aunque el mando estadounidense sostuvo que mantiene operaciones «precisas y profesionales» para desmantelar redes logísticas del narcotráfico, persisten denuncias de pescadores y familiares sobre otros tres supuestos ataques cerca de las Islas Galápagos, incluido uno en el que desaparecieron ocho pescadores, hechos que no han sido reconocidos por Estados Unidos ni por Ecuador. El caso vuelve a colocar el foco sobre la distancia entre la narrativa oficial de control y las explicaciones pendientes sobre pruebas, procedimientos y protección de civiles en este tipo de intervenciones.