El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha forjado su imagen pública como un combatiente de la corrupción y un defensor de la población, con un relato centrado en la gran cantidad de presos de organizaciones criminales y en los castigos adicionales aplicados cuando se producen protestas en las cárceles. Ese perfil le ha otorgado prestigio y lo ha convertido en referente para muchos países.
No obstante, el énfasis de sus intervenciones públicas suele recaer en su victoria contra el pandillerismo, mientras queda relegado el avance de las acciones orientadas a conseguir sentencias contra funcionarios y gobernantes anteriores por corrupción. Esa omisión adquiere mayor peso porque el propio Bukele afirmó que el dinero público no alcanza para el progreso del país si hay quienes se lo están robando.
A partir de ahí, han empezado a circular reportajes que denuncian que Bukele estaría beneficiando a familiares y amigos políticos con proyectos y acuerdos monetarios del país. Los señalamientos vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de vigilar el uso de los recursos públicos y dejan bajo presión la coherencia entre el discurso oficial contra la corrupción y las prácticas que ahora se le atribuyen.