La pena de 10 años impuesta a Yirber Antonio Sánchez de la Cruz por violar sexualmente a una mujer bajo amenaza de pistola y obligarla a grabar un video para aparentar consentimiento volvió a colocar bajo la lupa la respuesta institucional frente a hechos de extrema violencia contra las mujeres. El Ministerio Público informó que apelará la decisión porque considera que la condena debió ser de 20 años.
Según la denuncia, el caso ocurrió en Hato Mayor, después de que la víctima, identificada como Lily, nombre ficticio, saliera de un centro de expendio de bebidas alcohólicas. Sánchez de la Cruz se ofreció a llevarla a su casa, pero durante el trayecto desvió el vehículo hacia un motel. De acuerdo con el testimonio presentado ante la fiscalía, cuando ella intentó resistirse, él sacó un arma de fuego, la haló por el cabello y la golpeó hasta someterla.
La víctima también declaró que, luego de la agresión sexual, fue obligada a grabar en un celular un video en el que afirmaba que el acto había sido consensuado, con la intención de impedir una denuncia posterior. A pesar de las amenazas, acudió a las autoridades. El caso fue investigado por los fiscales Wilson Santana y Daniel Robles Nivar, quienes sometieron al condenado por violación sexual y agresión física, en un proceso que ahora queda marcado por la apelación del Ministerio Público contra una sentencia que considera insuficiente.