La detención del inspector de control migratorio Carlos Javier Sánchez, señalado por pedir RD$100 mil a una mujer a cambio de facilitar su salida a España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, vuelve a poner sobre la mesa las dudas sobre la vigilancia en un punto sensible del sistema migratorio. El imputado fue apresado justo cuando iba a recibir el dinero, durante una entrega controlada autorizada por una jueza.
La investigación está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, con respaldo de equipos operativos de la Dirección General de Migración. La operación fue desarrollada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento, bajo la dirección del Ministerio Público y con representación del fiscal Miguel Crucey, luego del Auto núm. 02535-2026, emitido el 26 de junio de 2026 por la jueza Francis Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
Pese al arresto, el expediente coloca en primer plano un problema institucional: la presunta solicitud de dinero para viabilizar una salida internacional desde una terminal clave del país. El Ministerio Público adelantó que someterá al imputado en las próximas horas para conocerle medidas de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.