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Solicitan un año de prisión preventiva por presunta red que operaba desde Santiago y extorsionaba a personas en EE. UU.

junio 5, 2026 · Redactor
Solicitan un año de prisión preventiva por presunta red que operaba desde Santiago y extorsionaba a personas en EE. UU.
Foto: elnuevodiario.com.do

El expediente fue declarado de tramitación compleja por la magnitud del caso y vuelve a colocar el foco sobre estructuras criminales que actuaban desde territorio dominicano.

El Ministerio Público pidió este jueves un año de prisión preventiva contra diez personas arrestadas en la operación XL526, ejecutada contra una presunta red criminal que, según el expediente, estafaba, extorsionaba y chantajeaba a ciudadanos residentes en Estados Unidos desde territorio dominicano. La solicitud fue presentada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, que además requirieron que el proceso sea declarado de tramitación compleja por la cantidad de imputados, víctimas y por los delitos vinculados al crimen organizado y lavado de activos.

Como presuntos cabecillas fueron identificados Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte. También figuran Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario. La instancia fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a las fiscales Quirsa Abreu Peña, Joanna García Rivas y Lía Collado.

Según las investigaciones, la organización operaba principalmente desde el municipio de Jacagua, en Santiago, y se valía de herramientas tecnológicas para captar víctimas mediante anuncios publicitarios, a las que luego sometía a extorsión y chantaje. Las autoridades han identificado al menos 18 víctimas y sostienen que los integrantes se hacían pasar por miembros de grupos criminales internacionales, incluido el denominado Cartel de Sinaloa, para intimidar con amenazas e imágenes violentas y exigir pagos. El caso expone el alcance de una estructura que habría funcionado desde el país mientras crece la presión por respuestas institucionales efectivas frente a redes de este tipo.