El Tribunal Constitucional ordenó cesar y evitar nuevas paralizaciones de docencia en horario lectivo cuando provoquen una interrupción progresiva, prolongada o indiscriminada del servicio educativo, tras una paralización de cuatro días en un centro de la región Noreste. La decisión coloca el foco en el costo directo que estas acciones tuvieron sobre el estudiantado y en la necesidad de impedir que el calendario escolar vuelva a ser alterado.
Mediante la sentencia TC/0428/26, la Alta Corte dispuso además la elaboración e implementación de un plan verificable de recuperación pedagógica para reponer efectivamente el tiempo lectivo perdido. También ordenó una garantía de no repetición a través de un protocolo de gestión de conflictos que priorice diálogo, mediación y avenencia sin afectar el derecho a la educación.
La decisión instruye a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional Las Terrenas, y a su actual presidente, a abstenerse de convocar o ejecutar nuevas paralizaciones que afecten el calendario escolar oficial. Al mismo tiempo, exhorta al Ministerio de Educación (Minerd), por medio del Distrito Educativo 14-07, a supervisar el estricto cumplimiento del calendario y facilitar vías de diálogo, mientras el Defensor del Pueblo dará seguimiento al cumplimiento de lo ordenado, en una señal de vigilancia institucional ante fallas que ya impactaron el servicio educativo público.