La sentencia a 15 años de prisión dictada por un tribunal de Santiago contra Alexander Antonio Rodríguez (Mello Cotorra) por trata de personas y tráfico ilícito de migrantes no cierra el problema: más bien reaviva la alerta sobre cómo estas redes consiguen operar hasta consumar el abuso, con víctimas captadas mediante engaño y traídas al país bajo falsas ofertas de trabajo.
El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago lo declaró culpable de violar los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03, luego de que el Ministerio Público demostrara que introdujo al país a dos ciudadanas de Colombia y, ya en territorio dominicano, las obligó a ofertarse sexualmente, además de golpearlas e intimidarlas para cobrarles una supuesta deuda económica.
De acuerdo con el expediente, todo comenzó en septiembre de 2023, cuando una de las víctimas se comunicó por teléfono con Rodríguez, quien le ofreció empleo como camarera para mejorar sus condiciones económicas. En otro caso, hizo el mismo ofrecimiento a una segunda víctima. Según la acusación, el procesado realizó desde Medellín, Colombia, las gestiones para traerlas al país y entró junto a ellas el 14 de enero de 2024 por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).
La investigación, presentada por el fiscal investigador y director del Departamento de Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes, Juan Osvaldo García, y litigada en juicio por la fiscal Aida Medrano Gonell, permitió individualizar al acusado y llevarlo a condena. Sin embargo, el caso deja una pregunta institucional de fondo: si el esquema de captación, traslado e intimidación pudo ejecutarse, la respuesta penal llega después de un daño ya consumado para las víctimas.
La sentencia supone una sanción concreta, pero también subraya una exigencia mayor de vigilancia y rendición de cuentas frente a un delito que combina manipulación, movilidad transnacional y explotación. Cuando la intervención del sistema ocurre después del engaño, del ingreso al país y de la violencia, el costo social ya lo han pagado las víctimas.