La entrada en vigor de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal, y de la Ley 97-25, sobre el nuevo Código Procesal Penal, abrió una nueva alerta institucional en el sector salud. El Colegio Médico Dominicano (CMD) advirtió que la interacción de ambas normas podría traducirse en una criminalización excesiva del ejercicio médico, con efectos directos sobre la atención a los pacientes.
El presidente del gremio, Luis Peña Núñez, sostuvo que el nuevo marco penal puede instalar una amenaza constante de procesos judiciales y empujar a los profesionales hacia una medicina defensiva. Según explicó, ese escenario no solo elevaría los costos de atención, sino que también dificultaría decisiones clínicas oportunas y limitaría el acceso de la población a servicios especializados, un contraste que vuelve a colocar bajo escrutinio el impacto real de reformas legales sobre servicios esenciales.
El CMD insistió en que no respalda la impunidad, sino un equilibrio entre los derechos de los pacientes y la seguridad jurídica de los médicos. En ese contexto, planteó que las controversias clínicas sin dolo, fraude o negligencia temeraria sean conocidas preferentemente en las jurisdicciones civil, administrativa o disciplinaria, y reclamó garantías de debido proceso para evitar que el sistema penal sea usado como mecanismo de presión constante contra los profesionales de la salud.