La incorporación de penas de cárcel por difamación e injuria en el nuevo Código Penal ha encendido preocupaciones sobre sus posibles efectos en la fiscalización pública. Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), advirtió que el artículo 208 podría provocar temor entre periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que formulan denuncias de interés público, al extender sanciones a expresiones divulgadas por medios escritos, audiovisuales, radio, televisión, plataformas digitales, redes sociales y otros canales electrónicos.
Según Maldonado, esa disposición retoma un esquema que choca con decisiones previas del Tribunal Constitucional sobre la prisión por difamación e injuria. «Es una disposición contraria a lo que ya el Constitucional había decidido o ha decidido en una sentencia anterior a este código», afirmó. A su juicio, el alcance del texto debe examinarse junto con otros artículos del Código Penal sobre difamación e injuria, porque amplían su aplicación a las nuevas formas de comunicación digital.
Aunque reconoció que el Poder Legislativo buscó responder a denuncias sobre el uso de plataformas para desacreditar personas o cometer presuntas extorsiones, advirtió que la solución adoptada puede abrir nuevos conflictos jurídicos. El artículo 208 define la difamación como la imputación pública a una persona física o jurídica de un hecho concreto que afecte su honor, consideración, dignidad, imagen, buen nombre o integridad familiar, y establece penas de dos a cinco años de prisión menor y multas de nueve a quince salarios mínimos del sector público. Para Maldonado, la posibilidad de sanciones penales amenaza la libertad de expresión y puede desalentar denuncias ciudadanas en asuntos de interés público.