El crecimiento de Santo Domingo dejó de ser únicamente una señal de expansión urbana para convertirse en una evidencia de falla estructural de gestión y planificación. A lo largo de décadas, miles de dominicanos han salido de provincias y municipios hacia la capital en busca de empleo, educación y mejores condiciones de vida; sin embargo, el resultado visible hoy es una ciudad sometida a sobrepoblación, congestionamiento y desorden urbano, con un transporte público insuficiente, servicios básicos bajo presión y sectores marcados por arrabalización y deterioro social.
Las cifras citadas en el texto reflejan la magnitud del desequilibrio. De acuerdo con estimaciones de la Oficina Nacional de Estadística, más del 30 % de la población dominicana se concentra entre el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. A esa presión se suma una economía informal que continúa teniendo un peso determinante: aunque el Banco Central informó que al cierre de 2024 el país superó los 5,1 millones de ocupados y redujo ligeramente la informalidad laboral, todavía cerca del 55 % de los trabajadores permanece en empleos informales, sin estabilidad ni protección social. En la capital, esa realidad se expresa en tapones interminables, presión sobre hospitales y escuelas, escasez de viviendas dignas y expansión de actividades de baja productividad.
El panorama descrito también vuelve a plantear la exigencia de fiscalización sobre las prioridades públicas. Si la mayor parte de las oportunidades laborales, empresariales y de inversión sigue concentrada en Santo Domingo y Santiago, mientras numerosas provincias permanecen estancadas económicamente, el problema ya no puede entenderse solo como migración interna, sino como una señal de desequilibrio territorial sin corregir y de resultados insuficientes frente a una crisis que golpea directamente la vida cotidiana de la población.