El presidente Luis Abinader, por medio del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, remitió al Senado un proyecto de modificación del artículo 1 del Código Civil dominicano con la intención de fijar un mismo plazo de entrada en vigencia de las leyes en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. La propuesta parte de que la diferencia actual entre ambas demarcaciones provoca un desfase de un día que puede derivar en desigualdad en la aplicación de las normas y afectar la seguridad jurídica de los ciudadanos.
La iniciativa, además, plantea reconocer como válidas las publicaciones de leyes en medios electrónicos oficiales, con el mismo efecto jurídico que la publicación impresa. Aunque el Ejecutivo la presenta como una medida de modernización del sistema jurídico y de difusión más rápida y transparente, la reforma coloca en primer plano la necesidad de que el Congreso supervise cómo se garantiza el acceso ciudadano a las normas y la aplicación uniforme de la ley en una zona de alta integración social, económica, laboral y educativa.
El proyecto entra al Congreso bajo el argumento de adecuar la legislación a la realidad actual del Gran Santo Domingo. Sin embargo, el propio planteamiento oficial admite que el esquema vigente mantiene una diferencia que puede afectar derechos y generar incertidumbre, un contraste que ahora obliga al Senado a examinar con rigor el alcance institucional de los cambios antes de convertirlos en ley.