La fórmula anunciada por la administración para encarar la crisis vuelve a dejar en primer plano una preocupación recurrente: quién acabará asumiendo la factura. Aunque el paquete contempla iniciativas para facilitar operaciones de pequeñas empresas y mejorar la recaudación fiscal, el debate de fondo sigue intacto: si se trata de una respuesta estructural o de medidas provisionales que, como ha ocurrido en otras ocasiones, terminan desplazando costos hacia la población.
El antecedente que pesa sobre cualquier ajuste es conocido. Cada vez que se plantean medidas para fortalecer las finanzas públicas o proteger la estabilidad económica, los consumidores dominicanos quedan expuestos a mayores precios, nuevas cargas tributarias o aumentos en tarifas de servicios esenciales. Por eso, las decisiones anunciadas por el Gobierno no pueden juzgarse solo por su propósito declarado, sino por su impacto real sobre los hogares.
A esa advertencia se suma un problema de gestión que distintos sectores han venido señalando durante años: debilidades en la administración tributaria, altos niveles de evasión y elusión fiscal, y otras insuficiencias que siguen sin resolverse de raíz. En ese escenario, la discusión no es únicamente técnica. También implica una exigencia de rendición de cuentas sobre si la respuesta oficial corrige las fallas del sistema o vuelve a descargar el peso de la crisis sobre los ciudadanos.