La forma en que se distribuye el gasto en salud mental vuelve a poner en evidencia la distancia entre lo que el Estado promete y lo que efectivamente asegura. La Ley n.º 12-06 reconoce el derecho a una atención digna y de calidad, pero el esquema presupuestario descrito en el texto termina impidiendo que ese mandato se cumpla, dejando a los ciudadanos entre normas que les garantizan derechos y una estructura pública que no ofrece una salida real.
La contradicción central, según la pieza, es que esta área recibe históricamente apenas alrededor del 0,7 % del presupuesto general de salud, pese a los anuncios de incrementos y a que la Organización Mundial de la Salud recomienda un 5 %. La brecha resulta todavía más evidente porque, de acuerdo con los planes estratégicos del Estado, cerca del 20 % de la población dominicana padece algún trastorno mental. En la práctica, el problema queda admitido en el discurso oficial, pero sin el financiamiento necesario para enfrentarlo.
El efecto es un sistema en el que la atención psicológica y psiquiátrica existe como derecho formal, aunque para quien necesita ayuda se convierte en un laberinto burocrático, legal y económico. Más que una discusión técnica sobre partidas, el texto plantea una advertencia institucional: cuando el presupuesto no acompaña la ley, la política pública acaba trasladando a los pacientes y sus familias el costo de esa incoherencia.