El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, reconoció este lunes que la Ley 30-26, aprobada por el Congreso como un paquete de medidas de procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, no corrige el problema estructural de las finanzas públicas dominicanas. Pese a defenderla como una salida viable para la coyuntura actual, admitió que el país continúa a la espera de un pacto fiscal más amplio.
En una entrevista en Despierta con CDN, Díaz explicó que la ley procura combinar nuevos ingresos, alivios para los sectores productivos y la corrección de distorsiones tributarias acumuladas durante décadas. El Gobierno había estimado una captación adicional de entre RD$40,000 y RD$50,000 millones, dentro de una estrategia de consolidación fiscal, combate a la evasión, simplificación y estímulos a la inversión. Aun así, el propio funcionario fijó el alcance de la pieza al aceptar que no resuelve el fondo del desequilibrio fiscal.
El ministro insistió en que la Ley 30-26 no debe interpretarse ni como una reforma fiscal integral ni como un parche, y precisó que incorpora cambios al Código Tributario, formalización de acuerdos de pago, regulación de descuentos por pronto pago y actualización de definiciones. Además, señaló que su entrada en vigencia será gradual: la derogación del impuesto de 1 % a la constitución de compañías será inmediata, mientras que la eliminación del 2 % a las hipotecas tardará dos años y el gravamen selectivo a los seguros de vida se desmontará en tres. Otras disposiciones empezarán a aplicarse desde enero de 2027, entre ellas la ampliación del régimen simplificado de tributación, la eliminación de anticipos para determinados contribuyentes y la indexación del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta.