El Colegio Médico Dominicano llevó al Tribunal Constitucional artículos del nuevo Código Procesal Penal y advirtió que su aplicación podría tener efectos negativos en el sistema de salud, especialmente en hospitales con menos recursos y en áreas de alto riesgo.
Según el planteamiento del gremio, la norma puede encarecer la atención, desincentivar la presencia de médicos en servicios complejos y profundizar las fallas que ya enfrentan centros públicos con limitaciones estructurales.
La pieza normativa fue promulgada por el presidente Luis Abinader, pero la discusión ahora queda sometida a revisión judicial, con un debate que no se limita a la legalidad del texto sino a su impacto concreto sobre pacientes, personal médico y el funcionamiento de los hospitales.
La impugnación del Colegio Médico coloca bajo escrutinio una decisión oficial que tendrá que ser evaluada por sus resultados prácticos, sus costos para el sistema y la forma en que afectará el acceso a la atención en zonas y servicios más vulnerables.
En ese contexto, el caso abre una discusión de interés público sobre si la nueva regulación mejora el orden procesal o si, como sostiene el gremio, termina trasladando más presión a una red hospitalaria ya frágil.