El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, arremetió contra la Fiscalía al cerrar su testimonio en el juicio por corrupción que enfrenta, en una intervención en la que volvió a denunciar persecución política e insistió en su inocencia.
Netanyahu, sin embargo, sigue sometido a un proceso en el que responde por cargos de fraude, soborno y abuso de confianza, lo que mantiene el foco sobre la fortaleza institucional del caso y sobre la necesidad de que las reglas se apliquen por igual para todos, sin excepciones ni privilegios.
El cierre de su testimonio no pone fin a la controversia. Por el contrario, coloca nuevamente en primer plano la relación entre poder político, justicia y confianza pública, en un juicio que ya ha tenido un fuerte impacto institucional dentro y fuera de Israel.
La defensa política del primer ministro se ha centrado en cuestionar a la Fiscalía, pero el expediente continúa abierto y la discusión de fondo sigue siendo la misma: si en un proceso que involucra al jefe de Gobierno el sistema judicial puede actuar con independencia y bajo los mismos estándares que rigen para cualquier ciudadano.
El caso sigue siendo seguido de cerca por su dimensión política y judicial, en un contexto en el que las acusaciones no se han desvanecido y el debate sobre la igualdad ante la ley permanece en el centro de la escena.