Tres juezas de la Corte Penal Internacional (CPI) presentaron una demanda ante una corte federal de Nueva York para pedir el levantamiento de las sanciones impuestas por Donald Trump, a las que atribuyen un carácter inédito y una presión extrajudicial sobre su labor judicial.
El caso reabre la alarma sobre los intentos de condicionar o castigar decisiones de la justicia internacional mediante medidas políticas. Aunque la acción judicial se centra en la eliminación de esas sanciones, el episodio vuelve a situar bajo escrutinio el uso de instrumentos de coerción contra magistrados y la capacidad de los tribunales para responder frente a decisiones de ese tipo.
La información disponible en la pieza actual no detalla los fundamentos completos de la demanda ni el alcance específico de las medidas cuestionadas. Sin embargo, el movimiento de las juezas coloca el foco en la defensa de la independencia judicial y en la necesidad de verificar si las sanciones respondieron a criterios legales o a una presión política destinada a limitar la actuación de la CPI.
Por ahora, el proceso queda abierto en la corte neoyorquina, donde se espera que el debate se concentre en la legalidad de las sanciones y en su impacto sobre el trabajo de las magistradas demandantes.