El Ministerio de Medio Ambiente admitió que la extracción ilegal de materiales en el río Camú continúa, pese a los operativos y sanciones aplicados por las autoridades en distintos puntos de La Vega.
La persistencia de la práctica deja bajo escrutinio la capacidad de respuesta oficial para frenar una actividad que afecta un recurso hídrico señalado por las comunidades desde hace tiempo.
De acuerdo con el título y el subtítulo de la pieza, el problema no se limita a un hallazgo puntual: la extracción sigue activa aun después de la intervención estatal, lo que plantea interrogantes sobre el alcance real de la vigilancia, el seguimiento a las sanciones y los resultados concretos de los operativos anunciados.
En ese contexto, el caso exige rendición de cuentas sobre cuántos operativos se han realizado, qué sanciones se han impuesto y qué impacto han tenido sobre la extracción ilegal en el Camú. Sin esos datos, la admisión oficial confirma más la continuidad del problema que la efectividad de la respuesta pública.
Las denuncias comunitarias se mantienen como telón de fondo del conflicto por el uso del río, mientras la autoridad ambiental reconoce que la presión sobre el cauce no ha sido contenida.