La decisión de Mario Díaz de rechazar el aumento del pasaje anunciado por transportistas de Santiago volvió a centrar la discusión en la rendición de cuentas: si el Gobierno dominicano mantiene congelados los combustibles que utiliza buena parte de la flota y conserva subsidios para el sector, ¿qué respaldo tiene trasladar un nuevo costo a la población?
El dirigente sindical objetó el incremento informado por Juan Marte, previsto para entrar en vigor el próximo lunes, al afirmar que en las condiciones actuales no existe fundamento técnico, económico ni financiero para elevar las tarifas del transporte público de pasajeros. Su planteamiento deja al descubierto una tensión que rebasa a Santiago: la distancia entre el discurso de protección al usuario y la obligación de vigilar que las ayudas públicas realmente impidan abusos en un servicio esencial.
Díaz recordó que el sector transporte continúa recibiendo respaldo del Estado, entre ellos el subsidio al gasoil para autobuses, minibuses y vehículos de carga, además del programa Bono Gas para carros del concho que operan con GLP. En ese marco, advirtió que trasladar aumentos a los pasajeros afectaría de manera directa la economía de miles de trabajadores, estudiantes y ciudadanos que dependen cada día del transporte público.
Asimismo, llamó a los sindicatos y organizaciones de transportistas de Santiago a dejar sin efecto la medida y planteó diálogo y concertación con las autoridades. Sin embargo, el episodio deja una advertencia institucional más amplia: cuando hay subsidios, congelamiento de combustibles y aun así surge presión para subir tarifas, la sociedad civil y las autoridades están obligadas a fiscalizar mejor, exigir explicaciones y evitar que la gestión termine cargando sobre la gente un costo social que se suponía debía contenerse.