SANTO DOMINGO.- Lejos de cerrar el debate sobre la seguridad, legisladores de distintos partidos reconocieron este lunes que la transformación de la Policía Nacional sigue pendiente más allá de cualquier reforma legal, al advertir que el problema pasa por la gestión, la supervisión y la profesionalización real de los agentes, un contraste que vuelve a poner bajo escrutinio los resultados del Gobierno dominicano y del Congreso en una de las principales demandas ciudadanas.
Los parlamentarios coincidieron en que modificar la Ley Orgánica puede fortalecer el marco institucional, pero subrayaron que el cambio de fondo depende de mejorar la selección, la capacitación, la evaluación permanente del personal y las condiciones laborales de los miembros de la institución. También plantearon evaluaciones psicológicas, psiquiátricas y pruebas antidopaje periódicas para quienes portan armas y ejercen autoridad, una señal de alerta institucional sobre controles que todavía se consideran necesarios para prevenir conductas violentas y recuperar la confianza ciudadana.
El senador Rafael Barón Duluc (Cholitín) sostuvo que, aunque en los últimos años la Policía Nacional ha dado pasos de avances importantes en su transformación, persisten debilidades que deben ser trabajadas. “La reforma es importante, pero para que un policía se maneje bien o mal, no es un tema de reforma policial, es un tema de manejo, de la aplicación, de cómo funciona la policía”, afirmó.
El legislador por La Altagracia planteó además fortalecer el trabajo conjunto entre autoridades civiles, Policía Nacional, Ministerio Público y organismos de investigación para mejorar la coordinación en seguridad ciudadana. A la vez, insistió en que la transformación debe ir acompañada de mayor profesionalización, mejores salarios y beneficios para los agentes, un punto que vuelve a conectar la discusión con gestión, presupuesto y resultados concretos, no solo con anuncios.
En ese contexto, el debate legislativo deja abierta una exigencia de rendición de cuentas sobre la capacidad del poder para traducir la narrativa de reforma en cambios verificables dentro de la institución. Si todavía se reclaman controles básicos, supervisión permanente y mejores condiciones para evitar abusos y violencia, la presión pública sobre el Gobierno, el Congreso y las autoridades responsables de la seguridad seguirá marcada por la distancia entre promesas y realidad.