Con 23 votos favorables, el Senado de la República aprobó este viernes, en segunda discusión, el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional. La iniciativa seguirá su curso hacia la Cámara de Diputados y, posteriormente, al Poder Ejecutivo, en un momento en que la votación vuelve a poner bajo examen una transformación que el Gobierno presenta como modernización, pero que nace marcada por fallas graves dentro del cuerpo del orden.
La propuesta forma parte del proceso de transformación policial impulsado por el Gobierno dominicano y plantea reforzar la institucionalidad, mejorar la supervisión y ajustar la gestión y el control interno. Aun así, su propio contenido deja ver la dimensión del problema que permanece en revisión legislativa: se endurecen los requisitos para los cargos de mayor dirección y se establece un régimen disciplinario más rígido ante conductas irregulares que abarcan corrupción, abuso de autoridad, tortura, discriminación, acoso sexual y laboral, manipulación de pruebas, vínculos con el narcotráfico y uso indebido de bienes públicos.
Entre las modificaciones, el director general de la Policía Nacional, los subdirectores generales, el inspector general y el director de Asuntos Internos tendrán que ser generales activos, contar con título de maestría y acreditar competencias profesionales acordes con sus responsabilidades. Además, se separan las funciones de investigación y decisión sobre las faltas, bajo el argumento de asegurar mayor imparcialidad y transparencia en los procedimientos, un aspecto que refuerza la señal de alerta institucional sobre debilidades que todavía requieren corrección legal.
El proyecto también amplía el catálogo de faltas muy graves e incorpora sanciones más severas para los agentes que incurran en esas conductas. Que el Congreso deba impulsar una reforma de este alcance para castigar con mayor rigor prácticas como la corrupción, el abuso o la manipulación de pruebas devuelve el debate al punto que más pesa para la ciudadanía: no al discurso de cambio, sino a la capacidad real del Estado para hacer valer controles, rendir cuentas y evitar que la reforma termine como otra promesa administrativa sin efecto visible en la seguridad y la confianza pública.