El Comité Institucional Codiano (CIC) solicitó al Congreso Nacional aprobar una resolución que exhorte al Poder Ejecutivo a incorporar en un presupuesto complementario los recursos necesarios para iniciar este mismo año el pago de acreencias reconocidas a contratistas de obras públicas, conforme a la Ley 16-26. Con ese planteamiento, la organización vuelve a poner sobre la mesa la presión sobre la gestión presupuestaria del Gobierno dominicano, que mantiene pendiente una deuda ya reconocida mientras los afectados siguen sin respuestas.
La petición fue enviada a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, mediante una comunicación entregada por una comisión integrada por el arquitecto Emiliano Familia y el ingeniero Miguel Liberato. De acuerdo con el documento, la intención es que el Congreso impulse una resolución para instar al Poder Ejecutivo a consignar los recursos necesarios en el actual ejercicio fiscal, en momentos en que la aplicación de la ley aún no se traduce en una respuesta efectiva desde Hacienda y las instancias responsables del gasto.
El pedido coincide con el anuncio de la primera sesión de trabajo de la Comisión Ejecutora encargada de aplicar la Ley 16-26, un paso que los contratistas consideran indispensable para avanzar en el reconocimiento y pago de las deudas acumuladas por el Estado. Sin embargo, el reclamo del gremio insiste en el contraste entre el trámite institucional y la ausencia de desembolsos: además de los fondos, el CIC pidió que el Congreso exhorte a la Comisión Ejecutora a acelerar el estudio de los expedientes de los beneficiarios.
La organización advirtió que entre los afectados figuran profesionales de edad avanzada, personas con problemas de salud y familiares de contratistas fallecidos que todavía esperan cobrar por obras realizadas para el Estado. A partir de ese escenario, la discusión deja de ser solo administrativa y se convierte en una alerta sobre el costo social del retraso y sobre la obligación del Gobierno, el Ministerio de Hacienda y los órganos presupuestarios de rendir cuentas por una deuda que sigue cargando sobre quienes ya cumplieron con el Estado.
El CIC también propuso que la eventual resolución sea remitida al presidente de la República, al Ministerio de Hacienda y Economía, al Ministerio de la Presidencia, a la Dirección General de Presupuesto, a la Contraloría General de la República y al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, ampliando así la presión institucional sobre una cadena oficial que, pese al marco legal vigente, todavía no ofrece una salida concreta a los acreedores.