La trayectoria de los últimos sirios, libaneses y palestinos nacionalizados dominicanos en Haití muestra un escenario de fragilidad institucional y de protección insuficiente frente a la persecución. Marcadas por la ley haitiana de 1903, que les impedía naturalizarse y abrir negocios, algunas familias se mantuvieron durante años bajo el amparo del general Ignacio María González Santín, quien las reconoció como dominicanos y les entregó cartas de naturalización y pasaportes. Sin embargo, a finales de 1913 ya todos habían sido expulsados o habían cruzado la frontera para establecerse de forma definitiva en República Dominicana.
Ese clima de incertidumbre coincidió con el relevo diplomático de 1911. González Santín dejó el cargo de ministro plenipotenciario en Haití a comienzos de marzo de ese año, durante el gobierno de Ramón Cáceres Vásquez, y fue reemplazado por Francisco Henríquez y Carvajal. Su llegada se aplazó hasta el seis de julio, mientras Guarín González seguía como encargado de negocios, según informó José María Cabral y Báez. Al mismo tiempo, Haití arrastraba una crisis política abierta desde 1908, cuando Antoine Simon se alzó en armas, avanzó sobre Puerto Príncipe y derrocó a Nord Alexis, que salió del país el seis de diciembre.
El hostigamiento contra esos inmigrantes no se detuvo con la nacionalidad dominicana: continuó tanto desde el gobierno haitiano como desde comerciantes locales. Más allá de su valor histórico, el caso deja una advertencia institucional que sigue vigente: la protección formal no bastó para impedir expulsiones, persecución ni desarraigo, una situación que obliga a observar con atención el papel del Estado dominicano cuando sus nacionales quedan expuestos fuera del país.