La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) confirmó que las pequeñas empresas, microempresas y contribuyentes no clasificados deberán adoptar el Comprobante Fiscal Electrónico (e-CF) antes del 15 de noviembre de 2026, fecha a partir de la cual ese mecanismo será el único válido para facturar en República Dominicana.
Quienes no logren ajustarse enfrentarán multas de entre cinco y cincuenta salarios mínimos y, además, la pérdida de validez fiscal de los comprobantes emitidos. La medida cierra el cronograma trazado en el Aviso 06-26, luego de que los grandes contribuyentes nacionales completaran la transición en mayo de 2024 y los medianos y grandes contribuyentes locales en noviembre de 2025.
Pero el tramo final recae sobre el mayor grupo de contribuyentes, precisamente uno que en muchos casos sigue operando con procesos contables manuales, menor infraestructura tecnológica y recursos limitados, lo que coloca el foco sobre el costo real de la adaptación y la necesidad de vigilancia sobre cómo se ejecuta esta exigencia desde Hacienda y la DGII. En paralelo, el discurso oficial sobre transformación digital se apoya en la selección de República Dominicana, en mayo de 2026, como sede del primer programa piloto regional de asesoría en inteligencia artificial para pymes, impulsado por The Trust for the Americas con respaldo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Banco BHD. Ese avance convive, sin embargo, con una realidad más exigente para los pequeños negocios: la modernización ya no se presenta como opción, sino bajo amenaza de sanción, en un punto donde la rendición de cuentas sobre acompañamiento, capacidad de implementación e impacto sobre el tejido empresarial queda abierta.