Durante la gestión del presidente Luis Abinader, las dudas sobre soberanía, símbolos patrios y derechos constitucionales han ido en aumento, en un contraste cada vez más notorio entre el discurso oficial de respeto a la identidad nacional y hechos que, según el texto, apuntan en otra dirección. Aunque el mandatario ha afirmado que su gobierno honra la memoria de los Padres de la Patria y mantiene un respeto riguroso por los símbolos nacionales, se sostiene que en estos seis años se han acumulado episodios que alimentan cuestionamientos sobre la solidez institucional del Estado.
La atención se centra en la presión de organismos internacionales sobre decisiones internas de la República Dominicana. El texto cita a la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Foro Económico Mundial Davos como actores ligados a una agenda de fronteras abiertas y críticos de políticas de deportación masiva de extranjeros indocumentados. Además, advierte que, ante medidas de seguridad fronteriza y de aplicación de leyes migratorias internas, esos organismos amenazan con sanciones económicas y legales, lo que vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad del Gobierno para defender la soberanía sin ambigüedades.
La controversia se reactivó mientras el Congreso revisa la Ley 74-25 que instituye el Código Penal. En ese escenario, la ONU envió una comunicación para pedir cambios sobre la penalización absoluta de la interrupción del embarazo, el artículo 124 en su párrafo IV y el respeto a la igualdad de género u orientación sexual. Para los críticos, el episodio no solo representa una alerta institucional por la injerencia en asuntos internos, sino que también muestra el desgaste de una gestión que, pese a su retórica, sigue sin disipar las dudas sobre hasta dónde está dispuesta a defender las decisiones soberanas del país.