Daniel Ortega aseguró este domingo que en Nicaragua no se celebrarán de nuevo elecciones que permitan a la oposición llegar al poder, una afirmación que vuelve a situar en el centro el cierre político que críticos de su gobierno denuncian desde hace años. En un acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista, el mandatario sostuvo que su administración bloqueará cualquier proceso electoral que, según dijo, pueda ser aprovechado por sus adversarios para «atrapar el Gobierno» o «el poder».
La declaración llega en un escenario de mayor concentración institucional. Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y, desde 2017, comparte el Ejecutivo con su esposa, Rosario Murillo, nombrada co-presidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional que amplió las atribuciones del Ejecutivo. De acuerdo con el propio marco descrito en esa reforma, se eliminó el equilibrio entre los poderes públicos, se subordinó a los órganos del Estado al Ejecutivo, se amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, se oficializó la figura de la copresidenta y se legalizó la apatridia.
Durante su discurso, Ortega cargó contra opositores exiliados, a quienes llamó «agazapados» y acusó de buscar beneficios económicos. Además, anunció junto con la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, nuevas leyes para endurecer las medidas contra quienes calificó de «golpistas» y «vendepatrias». Tanto esas reformas como sus declaraciones han sido cuestionadas por organismos internacionales y varios gobiernos, que advierten la consolidación de un esquema sin contrapesos democráticos y con cada vez menos espacio para la oposición.