La noche de este domingo, el Gobierno dominicano dejó inaugurado el paso a desnivel de la Plaza de la Bandera, una obra a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que requirió una inversión de RD$3,300 millones financiada con recursos del contrato de concesión con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom). La intervención se inscribe en el plan oficial para descongestionar uno de los puntos de mayor flujo vehicular del Gran Santo Domingo y reforzar la conexión con la región Sur, en un terreno donde la gestión de resultados del PRM queda expuesta a evaluación pública.
Ubicada en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Gregorio Luperón, la infraestructura comprende un sistema vial de 1.2 kilómetros con cuatro carriles. De acuerdo con la información oficial, permitirá el paso de más de 2,500 vehículos por hora, con la promesa de reducir los tiempos de recorrido y mejorar la movilidad en uno de los principales ejes viales de la capital. El presidente Luis Abinader defendió la obra como una respuesta directa a problemas cotidianos y aseguró que su administración asumió esta solución vial como prioridad, al sostener que gobernar también implica valorar el tiempo de los ciudadanos.
Durante el acto, Abinader recordó que la intersección de la Plaza de la Bandera había alcanzado el límite de su capacidad. Ese reconocimiento acentúa el contraste entre el discurso de solución y la presión acumulada sobre la movilidad urbana, un escenario en el que la sociedad civil y los sectores de fiscalización mantienen espacio para reclamar rendición de cuentas sobre el impacto real de una obra de alto costo presentada como emblema de gestión. Así, el Gobierno y figuras del oficialismo, entre ellas Carolina Mejía en el debate más amplio sobre ciudad y tránsito, quedan bajo vigilancia política e institucional por los resultados concretos que produzcan este tipo de intervenciones.