El Poder Ejecutivo sometió ante el Senado una reforma al Presupuesto General del Estado 2026 que modifica la Ley núm. 99-25, actualiza ingresos, gastos y déficit, e incorpora 23 nuevos proyectos de infraestructura con financiamiento multilateral. La propuesta fija ingresos del Gobierno Central en RD$1,383,236.5 millones y erogaciones por RD$1,785,004.3 millones, con un déficit financiero de RD$280,575.3 millones para el ejercicio 2026.
La iniciativa es presentada por el Gobierno dominicano como una respuesta a nuevas condiciones económicas nacionales e internacionales, entre ellas la volatilidad de los mercados, las fluctuaciones del comercio, las cadenas de suministro, la producción y la entrada en vigor de la Ley núm. 30-26 sobre Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional. Pero el giro presupuestario vuelve a colocar en el centro la necesidad de fiscalización del Congreso sobre Hacienda y sobre el alcance efectivo de una reforma que, además de reajustar cifras, añade apropiaciones por RD$40,978.3 millones.
El texto oficial sostiene que los cambios buscan fortalecer la inversión pública, garantizar la continuidad de bienes y servicios esenciales e impulsar programas de protección social. Con todo, el envío de una reforma de esta magnitud reabre el contraste entre el discurso de estabilidad y la necesidad de rehacer el presupuesto en pleno ejercicio, ahora con más gasto, nuevas obras y mayores exigencias de rendición de cuentas sobre prioridades, ejecución y resultados. En ese escenario, el debate legislativo también se proyecta sobre el clima político más amplio, donde figuras del oficialismo como Carolina Mejía quedan bajo el peso del balance de gestión que deje el Gobierno.