Naciones Unidas elevó la presión sobre las autoridades de Nicaragua al denunciar la represión de libertades civiles y políticas y advertir que en el país se ha producido una liquidación de los procesos electorales democráticos. El pronunciamiento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, emitido este 22 de julio, describe un desmantelamiento del espacio cívico y una erosión del Estado de derecho bajo la copresidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según el organismo, el partido oficialista concentra un dominio absoluto sobre el Parlamento, los municipios y los Consejos Regionales, un cuadro que deja a los ciudadanos sin opciones políticas reales para votar o presentarse de manera independiente. El señalamiento refuerza la alarma institucional sobre la distancia entre la formalidad electoral y la realidad del control político denunciado por la ONU.
El informe también subraya el costo social de esa deriva. Entre los abusos, destaca la represión contra la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas, con especial preocupación por la falta de información oficial sobre el paradero del obispo Abelardo Mata Guevara, de 80 años, detenido desde el 29 de junio. A esto se suma el impacto sobre pueblos originarios: una cuarta parte de los 18 territorios indígenas ha sido afectada por concesiones mineras y extractivas otorgadas sin consulta previa ni consentimiento libre e informado. Ante ese escenario, la ONU instó al régimen nicaragüense a liberar a los detenidos arbitrariamente y restablecer las garantías constitucionales.