La Ley 30-26, de Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, promulgada el 18 de junio, reabre una pregunta de fondo: si de verdad sirve para bajar la informalidad o si termina ensanchando la brecha entre el discurso de simplificación y la realidad de las mipymes. El balance que se hace de la norma deja ver esa tensión entre la necesidad recaudatoria del Estado y las condiciones de quienes trabajan con márgenes estrechos.
Entre sus disposiciones figuran medidas orientadas a la micro, pequeña y mediana empresa, sobre todo el alivio al régimen de anticipos del Impuesto sobre la Renta. No obstante, ese cambio comenzará a aplicarse a partir del período fiscal 2027, aunque varias partes de la ley ya están en vigor. En la práctica, eso mantiene abierta la exigencia de medir el efecto real de la reforma: el pequeño empresario que decide formalizarse y bancarizarse sigue enfrentando costos inmediatos mientras los alivios prometidos quedan aplazados.
La situación resulta especialmente delicada porque el anticipo mensual ha sido señalado como una de las principales barreras de entrada al sistema formal, ya que se cobra sobre una renta estimada y no sobre la efectivamente generada, con un impacto mayor en negocios estacionales o en etapa de arranque. A ello se suma la actualización del Régimen Simplificado de Tributación, vigente desde 2019 mediante el Decreto núm. 265-19. Más que la promesa legal, el desafío institucional sigue siendo demostrar resultados concretos para una economía donde la informalidad arropa a más de la mitad de la actividad y donde toda reforma tributaria se mide por su costo social y por las explicaciones pendientes sobre su ejecución.