La muerte de Rebeca Brizard, de 27 años, quedó envuelta en una alerta mayor luego de que el director de Habilitación y Acreditación del Ministerio de Salud Pública, Juan Gerardo Mesa, informara que Emanuel Hernández, identificado por las autoridades como barbero y sin formación médica, habría realizado otros dos procedimientos antes de la cirugía en la que falleció la joven. Según explicó el funcionario, el dato surgió en un conversatorio con la doctora Griselda Basora, directora y propietaria del centro donde ocurrió el hecho.
Mesa señaló que, al preguntar en qué condiciones Hernández entró a laborar en el centro y por qué no se verificaron los documentos que exige la ley —título de grado, exequátur, colegiatura y especialidad—, la respuesta fue que supuestamente los llevaba todos los días y nunca los presentó. Aunque el Ministerio de Salud Pública no había recibido denuncias formales contra Basora ni contra el centro médico, la versión oficial deja abierta la contradicción entre los requisitos de habilitación y lo que terminó ocurriendo dentro del establecimiento.
El funcionario agregó que la responsabilidad no recae únicamente sobre Hernández, sino también sobre el personal médico presente en la cirugía, al entender que son corresponsables los actores que estaban dentro del lugar. Con la justicia llamada a determinar consecuencias, el caso pasa de un hecho aislado a una señal de vigilancia pendiente sobre cómo operan los controles en un área donde la falta de verificación tuvo un desenlace fatal.