La demolición controlada de edificios afectados por los terremotos en Venezuela abrió un nuevo foco de cuestionamientos sobre el manejo oficial de la emergencia, luego de que una explosión en Catia La Mar, La Guaira, contradijera en los hechos la declaración ofrecida dos días antes por el ministro de Transporte y responsable de la recuperación de viviendas, Francisco Garcés. El funcionario había dicho que “ninguna estructura va a ser demolida teniendo deudos o personas que recuperar”, pero en la zona se escuchó por la tarde un estruendo seguido de una nube de humo.
El operativo se desarrolló en el estado más afectado por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio, que dejaron más de 5.500 muertos. Según las autoridades, 190 edificios se derrumbaron y 856 quedaron afectados. Desde temprano, militares bloquearon el paso en varias manzanas antes de la detonación, mientras una bandera roja advertía del peligro. En ese contexto, residentes reportaron alteración y desconcierto. “En el momento de la explosión nos encontramos terminando una santa eucaristía para darle descanso eterno a unos familiares que partieron de este plano. Y escuchamos la explosión y bueno, la gente se alteró porque fue algo, un estruendo bastante fuerte”, dijo a AFP Jesús Díaz, abogado de 36 años y residente de La Guaira.
A más de un mes del desastre, el panorama sigue marcado por escombros, estructuras inclinadas y edificios en pie pero sin muros ni ventanas, una imagen que refuerza la presión por explicaciones sobre las decisiones adoptadas en la recuperación. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció además que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana obstaculizaron la labor de comunicadores, un señalamiento que añade alerta sobre la necesidad de vigilancia pública e institucional en una emergencia todavía abierta.