La Habana. Miguel Díaz-Canel salió a defender el paquete de 176 reformas con el que Cuba busca liberalizar y descentralizar su economía en plena crisis, y rechazó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que esas medidas estén pensadas para “complacer a Estados Unidos”. El mandatario las presentó como una “decisión soberana” y una “prioridad estratégica para la nación”, en momentos en que se examina su aplicación como la mayor transformación económica en décadas.
Aun así, el propio gobernante admitió que la puesta en marcha de estos cambios no está libre de “riesgos” y pidió aplicarlos de manera gradual para evitar distorsiones. También asumió como “legítimas” las inquietudes de varios sectores, que abarcan desde la acumulación de capital y la eliminación de servicios básicos hasta la falta de transparencia y control popular, además del aumento de la desigualdad.
Pese a asegurar que las medidas no llevarán al capitalismo ni pondrán en juego la “independencia”, la “soberanía” y las “conquistas sociales de la revolución”, sus palabras dejaron visible el contraste entre el discurso oficial y las alertas que rodean el proceso. Díaz-Canel vinculó las reformas con la crisis agravada por el bloqueo petrolero y las nuevas sanciones de Washington, en un escenario que vuelve a colocar el foco sobre los resultados de la gestión y la necesidad de vigilar el alcance real de los cambios anunciados.