La llegada en los últimos días de cerca de 60.000 migrantes procedentes de Marruecos a Ceuta ha situado al Gobierno español ante una crisis migratoria y política de gran escala, con un impacto equivalente al 70 % de la población del enclave. Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, informó de que “unas 60.000 personas” entraron en la ciudad y añadió la muerte de 34 en una “avalancha”, mientras fuentes citadas por el periodista Ignacio Cembrero situaban el flujo en hasta 200 personas por minuto el jueves.
Pese a que el Gobierno español aseguró que unas 48.000 personas ya habían regresado a Marruecos a última hora del viernes, la dimensión del episodio abrió un fuerte contraste entre la versión oficial y lo que se observaba sobre el terreno. La cifra supera con mucho la registrada en mayo de 2021, cuando llegaron unas 12.000 personas en apenas dos días, según el Observatorio, y ha alimentado una alerta institucional sobre la capacidad de respuesta ante una presión fronteriza de esta magnitud.
El episodio también elevó la presión sobre las explicaciones pendientes. Según Cembrero, desde el miércoles las fuerzas de seguridad marroquíes “están de brazos cruzados”, y sostuvo que quienes llegaron “es evidente que les han dejado pasar”. Carlos Echeverría, director del Observatorio de Ceuta y Melilla, afirmó que, aunque el término “invasión” es polémico, puede aplicarse a una situación en la que “miles de personas cruzan una frontera internacional de forma ilegal y ejercen presión sobre un vecino”. En ese contexto, Pedro Sánchez habló este viernes de “violación y ataque a la integridad territorial”, mientras varios países europeos reaccionaron con firmeza y aumentaron el costo político de una crisis que ya desbordó el plano migratorio.