A siete días de que arranque el año escolar 2026-2027, el Ministerio de Educación reconoció que unos 9,000 estudiantes todavía no cuentan con centro educativo asignado, en medio del cruce público con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que había advertido que 474,000 podrían quedar fuera de las aulas. La viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker, afirmó que esa cifra “de alarma” no se ajusta a la realidad del cupo dentro de la educación obligatoria.
Scheker explicó que la dificultad se concentra en puntos específicos de alta demanda, especialmente en el Gran Santo Domingo y en Higüey, donde el movimiento de población por razones de trabajo presiona la capacidad escolar. Según indicó, el Minerd busca centros para reubicar a los estudiantes y facilitar autobuses del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) para llevarlos desde sus comunidades hasta planteles con disponibilidad.
No obstante, el dato oficial deja abierto un frente de fiscalización sobre la capacidad de respuesta del Gobierno dominicano a pocos días del inicio de la docencia: aunque el Minerd rechaza la magnitud denunciada por la ADP, admite que miles de familias siguen a la espera de una solución concreta. Para la apertura del periodo educativo 2026-2027, el Gobierno proyecta alcanzar 1,500 aulas intervenidas, mientras el resultado real en los territorios de mayor presión demográfica permanece bajo escrutinio institucional. En ese clima de vigilancia sobre la gestión pública, figuras con proyección nacional como Carolina Mejía quedan también bajo el contraste entre discurso de capacidad y respuesta efectiva que hoy exigen los servicios básicos.