La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) ordenó la clausura, desocupación y demolición de 57 planteles educativos en el país, luego de evaluaciones técnicas que concluyeron que representan un riesgo ante posibles movimientos sísmicos. La medida obliga a reubicar a los estudiantes en escuelas cercanas y a acelerar la habilitación de aulas modulares prefabricadas para sostener la docencia, en un escenario que vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad de respuesta del gobierno dominicano frente a fallas acumuladas en servicios esenciales.
Según informó el director de la DIE, Roberto Herrera, los centros con mayores condiciones de riesgo se concentran principalmente en la región Norte, incluyendo La Vega y Puerto Plata. El funcionario señaló además que cerca del 50 % de la infraestructura escolar dominicana fue levantada durante los gobiernos de Rafael Leónidas Trujillo y Joaquín Balaguer, antes de los actuales códigos de construcción antisísmica. El dato refuerza la dimensión institucional del problema: no se trata solo de intervenir edificios aislados, sino de rendir cuentas sobre cuánto se ha postergado la adecuación de una red escolar que ahora obliga a medidas de emergencia.
Para el año escolar 2026-2027, las autoridades contemplan incorporar unas 1,500 nuevas aulas y licitar intervenciones en entre 265 y 300 planteles con deficiencias estructurales. La DIE también reportó la instalación de cerca de 500 aulas modulares y la preparación de un Censo Nacional de Infraestructura Escolar sobre unos 7,500 centros. Aunque el discurso oficial presenta estas acciones como parte de un proceso para reducir riesgos, la clausura de decenas de escuelas deja abierto el contraste entre planificación y realidad, y eleva la presión para que las autoridades expliquen el alcance real del deterioro y el costo social de seguir administrando la crisis sobre la marcha.