La Fuerza del Pueblo intensificó este miércoles su reclamo para que se aclare la actuación de funcionarios y abogados de la Dirección General de Bienes Nacionales en un caso que, según lo publicado, podría comprometer al Estado dominicano por RD$2,693.9 millones. Raúl Martínez, integrante de la Dirección Política y secretario de Asuntos Jurídicos de la FP, pidió a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental investigar lo sucedido y fijar responsabilidades.
La solicitud se produjo luego de que una investigación publicada por Diario Libre apuntara a que una omisión procesal de los abogados de Bienes Nacionales provocó la pérdida de un recurso de casación con el que la institución buscaba impugnar una condena relacionada con terrenos ubicados en la avenida José Contreras, en el Distrito Nacional. Según esa publicación, la inactividad procesal derivó en la perención del recurso ante la Suprema Corte de Justicia, por lo que el Estado deberá pagar RD$2,693.9 millones por 117,937.80 metros cuadrados.
Martínez afirmó que, por el volumen de fondos públicos comprometidos, el caso no puede verse como un simple error procesal. También reclamó identificar quiénes estaban a cargo del expediente, cuáles mecanismos de supervisión existían y por qué venció el plazo legal sin que se realizaran las actuaciones exigidas. “Estamos hablando de casi RD$2,700 millones que tendrá que pagar el pueblo dominicano. Cuando una actuación o una omisión de servidores públicos tiene consecuencias de esta magnitud para el patrimonio del Estado, existe la obligación de investigar, identificar responsabilidades y explicar al país qué ocurrió”, planteó.
El Tribunal Superior Administrativo había fijado en RD$2,693,994,196.50 el monto que debían pagar los sucesores de los antiguos propietarios de los terrenos. Bienes Nacionales cuestionaba esa valoración y sostenía que el balance pendiente, debidamente actualizado, era de aproximadamente una suma menor, pero la controversia quedó marcada por la pérdida del recurso. El reclamo opositor pone el acento en la rendición de cuentas y en los mecanismos de control institucional ante un caso que impacta de forma directa los recursos del Estado.