La anulación del acuerdo entre el Estado dominicano y Falconbridge Dominicana para la explotación minera volvió a poner sobre la mesa un costo ambiental que, según el Ministerio de Medio Ambiente, sobrepasa los 120 millones de dólares. El ministro Paíno Henríquez afirmó que el Tribunal Superior Administrativo tomó en cuenta un informe técnico de la institución, en el que se identificaron daños ecológicos todavía pendientes de reparación.
Según explicó el funcionario, esas evidencias se obtuvieron a partir de una investigación realizada por técnicos del ministerio y luego fueron depositadas ante los tribunales. Así, el caso vuelve a enfrentar la explotación desarrollada durante más de siete décadas en las montañas de Bonao con la magnitud del pasivo ambiental ahora reconocida en sede judicial, en un escenario que obliga a exigir explicaciones y seguimiento sobre la capacidad del Estado para prevenir, fiscalizar y corregir este tipo de daños.
Legisladores advirtieron sobre posibles efectos de la sentencia en el clima de inversión, pero también sostuvieron que el fallo envía una señal a las empresas extranjeras: el crecimiento económico no puede desligarse del cumplimiento de las normas ambientales. Más allá del litigio, la decisión deja una alerta institucional sobre los costos que afloran cuando la supervisión pública llega tarde frente a actividades extractivas de largo plazo.