La decisión que absolvió a Nicolás Castillo Báez y Francis Alberto Fuentes por la muerte de Espeditin Díaz, de 67 años, volvió a poner en primer plano la solidez de las pesquisas y la capacidad del sistema para sostener acusaciones graves hasta una condena. El Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa dispuso la libertad de ambos imputados por un hecho ocurrido en diciembre del año pasado en Rincón del Pino, donde también se denunció el robo de un celular, RD$10,000 y un foco.
Los jueces Jorvy Armando Sánchez Eusebio, Victor Gabriel Cuevas Cruz y David Antonio Santos Merán emitieron la sentencia absolutoria luego de que la defensa pública alegara insuficiencia probatoria. De acuerdo con los magistrados, en el juicio no se logró demostrar el robo agravado, hubo contradicciones entre testigos y no fueron aportados elementos bastantes. Aun así, la fiscalía, representada por Juan Ysidro Minyetty y José Altagracia Castillo, había pedido 20 años de prisión para los dos acusados, en un contraste que deja abiertas exigencias de rendición de cuentas sobre cómo se construyó el expediente.
La reacción de los familiares de Espeditin Díaz reflejó el impacto del fallo. Informaron que apelarán la decisión y manifestaron su indignación al afirmar: «Estamos indignados porque ahí están las pruebas». Más allá del desenlace judicial de esta fase, el caso activa una alerta institucional para la sociedad civil sobre la necesidad de vigilancia y explicaciones en procesos que terminan con absolución en medio de reclamos de justicia.