Las Instituciones de Educación Superior no solo tienen la misión de formar profesionales, producir conocimiento y otorgar títulos. El texto plantea, además, que su deber alcanza la convivencia, el pensamiento autónomo, la participación y el compromiso con el entorno, una exigencia que somete a la universidad a un escrutinio público sobre su aporte real a la vida colectiva.
Esa idea se apoya en una tradición intelectual que el artículo enlaza con José Núñez de Cáceres, exrector de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y con su afirmación de que “La instrucción pública es su elemento primario y esencial”. Desde esa referencia, la pieza insiste en que educar no consiste solo en transmitir información, sino también en cultivar autonomía intelectual, capacidad de cuestionar argumentos y resistencia ante lo que se presenta como verdad sin examen crítico.
A la vez, el subtítulo introduce una advertencia institucional: la convivencia no puede desligarse de las condiciones sociales que la atraviesan, y las instituciones educativas pueden terminar reproduciendo desigualdades cuando falta una mirada crítica sobre las relaciones sociales y culturales que operan en su interior. En ese contraste entre la misión declarada y la realidad posible, la universidad aparece no como una vitrina de discurso, sino como un espacio cuya función ciudadana debe ser observada y exigida desde la sociedad.