El embargo de cuentas bancarias a ciudadanos argentinos en La Altagracia, a raíz de una denuncia por el presunto uso de documentación irregular en un proceso judicial, puso bajo la lupa la actuación institucional en la provincia. Manuel Grisanty aseguró que la medida les ha impedido atender compromisos familiares, comerciales y económicos, trasladando el impacto del expediente directamente a los afectados.
Según explicó, en el cobro se habría empleado una compulsa notarial que hacía constar la existencia de un pagaré supuestamente registrado ante un ayuntamiento de La Altagracia. No obstante, afirmó que luego se pidió una certificación oficial a esa institución y que esta habría indicado que el registro no figura en sus archivos. También puso en duda la autenticidad y las circunstancias en que habría sido instrumentado el acto notarial utilizado para respaldar el cobro.
La denuncia sostiene que, aunque se habría dicho que el documento buscaba presionar a los afectados, el resultado fue el embargo de sus cuentas. Grisanty dijo que entregará certificaciones oficiales, documentos y otras pruebas al Ministerio Público y a las autoridades competentes para que se establezca si hubo falsificación, uso de documentos irregulares o cualquier otra actuación contraria a la ley. Además, señaló que en el proceso estaría implicado un abogado de la provincia, a quien vincula con actividades políticas y con el ejercicio de una función pública, por lo que pidió determinar si el pagaré existe, dónde está su original y si realmente fue registrado ante la institución mencionada.