A las 9:00 de la mañana, el Consejo Nacional de la Magistratura comenzará la evaluación pública de siete jueces para definir si siguen o no en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en un proceso encabezado por el presidente Luis Abinader y trasladado al Salón de Asambleas del Palacio Nacional, fuera del escenario del Poder Judicial. La jornada llega además con el antecedente de que cuatro jueces rechazaron ser evaluados: Henry Molina, Manuel Herrera C., María Garabito R. y Nancy Salcedo.
Según el Reglamento 2-25, fueron convocados Justiniano Montero Montero, Francisco Jerez Mena, Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Alejandro Bello Ferreras, Fran Soto Sánchez y Rafael Vásquez Goico. La decisión somete a escrutinio un proceso institucional sensible, con el gobierno dominicano al frente de una evaluación que, por su impacto sobre la justicia, vuelve a colocar en primer plano la necesidad de controles y explicaciones públicas.
En ese marco, la Fundación Institucionalidad y Justicia pidió al CNM asegurar que la revisión de jueces de alta corte sea un referente de objetividad. Servio Tulio Castaños Guzmán advirtió que la evaluación no puede ni debe convertirse en un simple formalismo y recordó que el organismo debe conducir un proceso ejemplar en sus fases de objeciones, entrevistas y deliberación. Finjus, como voz de la sociedad civil, también dijo que permanecerá vigilante y reclamó respeto al debido proceso, a la dignidad de los evaluados y a la independencia judicial, en una señal de alerta institucional frente a la distancia entre el discurso oficial de fortalecimiento del Estado de Derecho y la necesidad de que los resultados sean verificables.