La conversación sobre inteligencia artificial dejó otra vez al descubierto una pregunta incómoda para el Estado dominicano: qué medidas concretas se están tomando para preparar al país frente a una transformación que ya impacta el mercado laboral, el sistema educativo y la geopolítica global. En un texto firmado por Antonio José Gómez Peña, a partir de una entrevista en La Brújula Dominicana, se sostiene que la rapidez del cambio tecnológico obliga a dejar atrás el discurso y avanzar hacia decisiones públicas verificables.
En esa charla, el consultor y divulgador tecnológico Jon Hernández advirtió que la inteligencia artificial ya no debe verse como una herramienta pasajera, sino como una infraestructura que atravesará la vida social. Su alerta, dirigida de manera expresa a los pasillos del Palacio Nacional y al Congreso, acentúa un contraste cada vez más visible entre la magnitud del desafío y la falta, en el texto, de una respuesta institucional ya definida por parte del Gobierno dominicano.
La propuesta de abrir un debate nacional serio y urgente, legislar de forma proactiva y considerar la creación de una Dirección Nacional de Inteligencia Artificial y Gobernanza digital o un órgano de alto nivel para esa materia, coloca el énfasis en la rendición de cuentas. Si negarse a adaptarse sería, según el planteamiento recogido, un error grave a nivel ciudadano, la exigencia sobre el poder público es todavía mayor: anticiparse, coordinar y ofrecer señales claras antes de que otra oportunidad de modernización quede atrapada entre advertencias y falta de ejecución.