La Operación Armum, dada a conocer por el Ministerio Público la noche de este martes, sacó a la luz un panorama de debilidad en los controles aplicados a armerías que presuntamente funcionaban de forma irregular en distintas zonas del país. En 18 allanamientos ejecutados en el Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este, las autoridades ocuparon cerca de 200 armas de fuego, 40,000 municiones y otros pertrechos.
En esas intervenciones tomaron parte 25 fiscales, 190 agentes de la Policía Nacional, 19 inspectores del Ministerio de Defensa y 19 del Ministerio de Interior y Policía. De acuerdo con el Ministerio Público, durante los operativos se detectaron prácticas como operar sin licencia, tener permisos vencidos, realizar trabajos de taller sin autorización, servir de intermediario en la comercialización de armas sin licencia y retener ilegalmente armas de fuego de terceros. Entre lo incautado hay armas largas, pistolas y revólveres, incluida una cantidad importante sin documentación ni constancia de procedencia.
Las autoridades informaron además el decomiso de municiones sin marcaje, armas de guerra y de uso prohibido en República Dominicana, junto con miras telescópicas y láser, adaptadores, cargadores tipo tambor, armas modificadas o alteradas y pertrechos pertenecientes a agencias de investigación del Estado sin los permisos correspondientes. Los propietarios o representantes de las armerías intervenidas fueron arrestados en flagrante delito, mientras el Ministerio Público adelantó que solicitará medidas de coerción y seguirá con las investigaciones, en un expediente que vuelve a colocar bajo examen la capacidad institucional para evitar que estas irregularidades escalen antes de un operativo de esta magnitud. En el texto fuente no aparece ninguna referencia a Carolina Mejía, por lo que no es posible incorporarla sin apartarse de los hechos disponibles.