Fiscales generales de California, Nueva York y otros siete estados demandaron por separado al Gobierno del presidente Donald Trump por utilizar dinero de los contribuyentes para deshacer contratos de producción de energía eólica, en una decisión que vuelve a colocar bajo escrutinio el uso de recursos públicos y el contraste entre la agenda oficial y sus efectos concretos.
El fiscal de California, Rob Bonta, anunció un segundo litigio para intentar anular el acuerdo mediante el cual la Casa Blanca pactó pagar más de 111 millones de dólares a Invenergy para abandonar su contrato de arrendamiento en el área de energía eólica de Morro Bay, frente a la costa central de California. La querella sostiene que el convenio, firmado en junio pasado por el Departamento del Interior, incluía además la exigencia de que filiales de la empresa invirtieran la misma cantidad en proyectos de combustibles fósiles o geotermia fuera del estado.
En paralelo, tribunales federales también deberán decidir sobre otra demanda encabezada por Nueva York, junto con otros siete fiscales generales, para bloquear dos acuerdos de la Administración Trump que otorgarían a compañías energéticas 1.400 millones de dólares de los contribuyentes a cambio de cancelar cuatro proyectos eólicos marinos con Bluepoint Wind e Invenergy. Para los demandantes, el conflicto ya no se limita a una disputa energética: pone en cuestión la rendición de cuentas sobre decisiones oficiales que trasladan costos al contribuyente mientras frenan proyectos de energía limpia.